El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional
ha remitido al Ministerio Fiscal la querella criminal presentada el
pasado 4 de julio por la Asociación de Afectados por Orange, ASAFORTEL, contra Orange Espagne S.A.
y ha ordenado la puesta en marcha de diligencias previas, con el fin de
determinar si los hechos de los que se acusa a la teleoperadora se
ajustan o no a la realidad.
Así, la Justicia española acepta una querella que señala a Orange Espagne S.A.
como presunta responsable de los delitos de apropiación indebida,
estafa, amenazas y coacciones y administración desleal en su relación
con los distribuidores de estos servicios de telefonía.
En concreto, el auto de incoación del Juzgado señala que los hechos
presentados por los querellantes “presentan características que hacen
presumir la posible existencia de una infracción penal” y pide por ello
que se pongan en marcha las acciones pertinentes: “No estando
determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las
personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas
a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable.
El caso
El representante de ASAFORTEL, Carlos Calderón,
explica a Gaceta.es que la admisión a trámite de esta querella por
parte de la Justicia ha supuesto que numerosos distribuidores de
telefonía se hayan puesto en contacto con su asociación para integrarse
en la causa contra Orange Espagne S.A. al haber sufrido, a su juicio,
los mismos perjuicios denunciados por ASAFORTEL.
Hechos que, según explica la asociación en su querella, pasan por el
“estrangulamiento financiero feroz para llevar a los distribuidores
innecesarios [para la compañía] a un irremediable cierre o a una venta
(obligada), por debajo de su precio, de sus negocios”.
La historia se remonta a 2006, año de nacimiento de Orange tras la unificación de todas las empresas españolas propiedad de France Télécom
bajo la misma marca, según relatan los denunciantes. “En el ejercicio
de su actividad -señálan- Orange ha ido tomando posición en el mercado
que constituye su objeto y dándose a conocer, además de entre otros
medios, a través de un extenso canal de distribuidores y agentes (puntos
de venta) colaboradores de ORANGE en la contratación de los diferentes productos y/o servicios”.
Y son, precisamente esos colaboradores quienes ahora acusan a la
compañía de prácticas delictivas contra ellos. ¿Por qué? Porque, si en
2011 Orange contaba en España con 250 distribuidores y más de 1.300
puntos de venta, a partir del año 2012, siempre según los denunciantes,
“la política de la empresa cambió radicalmente” y comenzaron las
“prácticas fraudulentas con la clara intención de acabar con aquéllas
tiendas que ya no le interesaba mantener”.
120 millones de euros
La forma de llevar a cabo esta reducción de la red de distribuidores
habría sido, según la denuncia, de “estrangulamiento financiero feroz”.
Así, de forma intencionada y predeterminada, ORANGE recurrió a métodos
como “cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales sin
derecho a réplica por parte de los distribuidores afectados; falta de
información contractual a dichos distribuidores; manipulación
fraudulenta de los objetivos mensuales; aplicación de criterios de pago
diferentes a los establecidos en el contrato o discriminación entre los
distribuidores”.
Unas acusaciones que se resumen, tal como explica Carlos Calderón a
Gaceta.es, en que, en lugar de “liquidar a los distribuidores
perjudicados de una manera razonable y como hubiera correspondido por
ley” para reducir sus puntos de venta si así lo exigía la estrategia de
la compañía, Orange Espagne S.A. habría tomado la decisión unilateral de
cerrar un gran número de tiendas que consideraba prescindibles con esas
técnicas presuntamente fraudulentas.
La querella inicial, que cifraba los perjuicios producidos por la
teleoperadora en 33 millones de euros, habría ascendido ahora, según
explica Calderón, a 120 millones de euros de daños tras haberse puesto
en contacto con ASAFORTEL numerosos distribuidores afectados, presuntamente, por las mismas prácticas de la compañía telefónica.
cada vez mas medios publican la noticia y cada vez son mas los distribuidores que se unen
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